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Asaltos a migrantes, bajo indiferencia oficial

Última modificación 22/04/2010 17:39
por luisg

Las cifras de asaltos a migrantes en Chiapas son espeluznantes. Muchos de los atracos y vejaciones ocurren muy cerca de instalaciones policiacas. Pero según organismos de derechos humanos, los gobiernos de México –federal, estatal y municipales- no hacen nada para proteger a quienes pasan por el país con rumbo al norte

Por: Eduardo González Velázquez

Los migrantes centroamericanos continúan su paso por nuestro país rumbo a Estado Unidos, la desesperanza alimentada con la ruda pobreza insiste en expulsarlos de sus países. La sangría poblacional de Centroamérica lejos de disminuir aumenta cada día. Algunos migrantes deciden buscar el futuro en México donde la situación no es precisamente la mejor, pues al menos dos millones y medio de mexicanos se encuentran sin empleo.

Ya sea que decidan avecindarse en nuestro país o seguir su camino al vecino del norte, los centroamericanos se enfrentan a una constante a su paso por el estado de Chiapas: abusos, violaciones a sus derechos humanos, asaltos y asesinatos. Las estadísticas elaboradas por la Casa del Migrante Hogar de la Misericordia en Arriaga, Chiapas, dirigida por el sacerdote Heyman Vázquez Medina, muestran las cifras de la vergüenza y ponen en evidencia la omisión por parte de los gobiernos federal, estatal y local ante la penuria de los migrantes. La geografía chiapaneca del atraco a los migrantes resulta vasta e indignante.

Durante 2008 llegaron a la Casa del Migrante 658 mujeres: 30 por ciento fueron asaltadas en su paso por la Arrocera en el municipio de Huixtla, y dos además fueron víctimas de violación en Arriaga. Durante el mismo periodo fueron recibidos 6 mil 587 hombres, de los cuales mil 250 fueron asaltados también en la Arrocera, una zona localizada detrás de la garita de migración del Hueyate.

Frente a esta estación por donde pasa el tendido del ferrocarril los asaltos se realizan en Monte Cristo y el Relicario. El segundo lugar en la lista de atracos lo ocupa Arriaga, con 166. Al llegar a la cabecera municipal los centroamericanos son sorprendidos en el basurero, entre los vagones abandonados, en la colonia Guatemalita, en la caseta de la Policía Federal Preventiva (PFP) y en las vías y el puente del ferrocarril.

En Tapachula, los atracos se dan con mayor frecuencia en las zonas de El Manguito y Viva México, así como en la cabecera municipal. En Huehuetán son asaltados en las inmediaciones de la garita migratoria; y en Pijijiapan los despojan de sus pocas pertenencias en Echegaray, Guanajuato, San Isidro, La Central y la garita migratoria donde se encuentra un destacamento de la PFP. En Tonalá los asaltos los sufren en Tres Picos, La Polca, en el desvío que va a la Colonia Durango y en donde se encuentra la Base de Operaciones del Ejército Mexicano. Aunque para los migrantes de ambos sexos la mayoría de los problemas son asaltos, muchos de ellos además reciben golpes, heridas con machete, balazos, violaciones o incluso son asesinados.

Las cifras no muestran la verdadera dimensión del fenómeno. Las estadísticas de la casa del migrante pueden quedarse cortas porque en muchos casos las mujeres no denuncian haber sido víctimas de violación.

Asimismo, no todos los migrantes que pasan por Arriaga llegan a la Casa del Migrante y muchos más no denuncian por temor a la deportación. Aun así las cifras deberían avergonzar a los tres niveles de gobierno que poco o nada hacen para terminar con esta tragedia.

Por si esto no fuera suficiente el Instituto Nacional de Migración (INM) y el grupo Beta no cumplen adecuadamente con su trabajo. Carlos Bartolo Solís, uno de los encargados del Hogar de la Misericordia narra un caso como tantos: “Pedimos ayuda a migración para repatriar a seis migrantes, cuatro de El Salvador y dos de Honduras. La respuesta que obtuvimos fue que sí habría apoyo, que se comunicarían a la casa para ponernos de acuerdo; pasó toda la mañana, recibimos la respuesta a las diez de la noche sólo para decirnos que ellos ya habían terminado su turno y que no podían hacer nada. Incluso el coordinador del  grupo Beta en Tapachula aseguró que la ayuda llegaría, pero que por falta de gasolina no habían podido pasar a Arriaga. Finalmente ni migración ni el grupo Beta hicieron algo por los migrantes. Se contactó entonces a la vicecónsul de El Salvador, Vilma Mendoza, pero tampoco llegó la ayuda. Los migrantes centroamericanos tuvieron que regresar a sus países por sus propios medios”.

Por todo ello, la queja de los defensores de derechos humanos es constante. Dice el sacerdote Heyman, director del Hogar de la Misericordia: “La política migratoria en México se reduce a tener mayor capacidad para asegurar a los migrantes que pasan por territorio mexicano, no hay ninguna preocupación por disminuir la vulnerabilidad de esta población, las vejaciones que sufren aumentan cada día”. Y arremete contra el “tristemente llamado grupo Beta que fue creado para ayudar a los migrantes pero tiene prohibido hacerlo; su trabajo solo se reduce a mirarlos y platicar con ellos; cuando algún migrante ya no cuenta con recursos por haber sido asaltado y quiere regresar a su país, pide apoyo al grupo Beta, pero los agentes no le brindan la ayuda necesaria”. Además Vázquez Medina critica con energía las prácticas de aseguramiento que llevan a cabo los agentes del INM y algunos elementos del grupo Beta; afirma que los migrantes no son asegurados y devueltos a sus países cuando no traen dinero que les puedan quitar como extorsión los agentes migratorios. Por otro lado, la comisionada del INM Cecilia Romero sólo ofrece promesas acerca de una nueva oficina del grupo Beta en Arriaga; desde abril de 2008 que visitó la casa del Migrante prometió que en seis meses se abriría tal oficina, pero eso no ha sucedido: “Sabía que no iba a cumplir”, sentencia el padre Heyman. “Si el gobierno de México pide una reforma migratoria justa en los Estados Unidos debe hacer lo mismo en nuestro país, es vergonzoso el trato inhumano que se les da a los migrantes de Centroamérica”.

Por vía de mientras, a los migrantes centroamericanos por su paso en el estado de Chiapas los siguen hostigando, asaltando, golpeando y asesinando sin que autoridad alguna haga algo por detener la situación. El gobierno mexicano continúa guardando silencio ante lo evidente y solapando la violación a los derechos humanos de los migrantes.


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