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Arizona, la jauría anda suelta

Última modificación 22/04/2010 17:39
por luisg

La aprobación de una ley que convierte en crimen no traer papeles pone al estado de Arizona a la cabeza de la “jauría antiinmigrante” que recorre Estados Unidos. Hace falta que la gobernadora Jan Brewer firme o vete la ley aprobada por el senado, pero ya activistas advierten que, como ocurrió en 2006, se convertirá en el motor de nuevas movilizaciones el 1 de mayo

Por: Redacción 

“Condenamos la iniciativa de ley aprobada por la Cámara de Representantes del Estado de Arizona por ser violatoria de la Constitución estadounidense y de derechos civiles básicos, al ordenar  a policías del estado que verifiquen la condición migratoria de personas con base en ‘sospecha razonable’ de ser ‘ilegales’”. El comunicado de la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero (CDPME) resume las voces de centenares de organizaciones de migrantes contra la iniciativa SB 1070, aprobada por el senado estatal de Arizona.

Con muchas organizaciones más, la CDPME sostiene:

“La jauría antimigrante anda suelta en Estados Unidos. Legislaturas estatales, consejos municipales, grupos de odio, y sectores de la población  xenófobos y racistas han instaurado un ese país un verdadero campo de caza contra migrantes indocumentados, y contra quienes los asisten o defienden.

Nunca antes como en estos años se habían presentado cientos de iniciativas de ley estatales y de ordenanzas municipales criminalizando a migrantes, negándoles servicios básicos, y elevando los castigos a quienes les den empleo, les renten lugar donde vivir o los alberguen. A la vez, nunca como ahora se habían difundido en medios de comunicación y redes electrónicas el prejuicio, odio y violencia contra migrantes, en especial los mexicanos.

“Desde 2007, la oficina estadounidense de Aplicación de la Ley Migratoria y de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzó a tratar a los inmigrantes sin documentos autorizados como ‘delincuentes’. Así mismo, la ICE ha promovido la Orden Ejecutiva federal 287(g) que delega en policías locales facultades propias de autoridades federales. El caso extremo de policías ejerciendo como agentes migratorios lo representa Joe Arpaio, Sheriff del Condado de Maricopa en Arizona.

Además de propagar a diario el acoso contra migrantes sin papeles, Arpaio ha  hecho desfilar públicamente, encadenados y con uniforme de rayas, a indocumentados en proceso de deportación.

El pasado martes 13, la Cámara de Representantes de Arizona aprobó una iniciativa de ley que consolida la reputación de ese estado como el más duro de la Unión Americana contra migrantes sin documentos. Esta iniciativa regresará al Senado, Cámara de origen, donde tendrá la aprobación final (cosa que oxcurrió el lunes 19 de abril), y todo indica que Jan Brewer, gobernadora de Arizona, la firmará para que entre en vigor.

Tal iniciativa de ley faculta a las distintas policías del estado a verificar la condición migratoria de las personas únicamente con base en la ‘sospecha razonada’ de que son ‘ilegales’. La iniciativa también penaliza a quienes transporten indocumentados a cualquier lugar o por cualquier motivo, así sean sus familiares. Por si algo faltara, la iniciativa de ley establece que cualquier ciudadano estadunidense que resida en Arizona podrá demandar judicialmente a agencias de policía que no cumplan con tal ley una vez que se apruebe.

Por tales razones, la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero (CDPME) se une a la condena de dicha iniciativa de ley que han hecho pública organizaciones defensoras de derechos civiles y de migrantes en Arizona y otros estados.

Para enfrentar esta situación, México debe, en lo inmediato, apoyar a organizaciones estadounidenses y de migrantes para invalidar la ley de Arizona ante las Cortes. En lo estratégico, México debe actuar en áreas como: fortalecer los recursos legales contra leyes similares en otros estados y contra ordenanzas municipales de similar naturaleza; aumentar en los Consulados los recursos financieros, materiales y humanos para atención y protección de los migrantes; llevar a cabo su propia reforma migratoria, justa e integral, para tener la requerida autoridad moral en la defensa de sus migrantes; y desde luego, crear los empleos bien remunerados y las oportunidades que cientos de miles de mexicanas y mexicanos buscan anualmente fuera del país.

Entre los firmantes se encuentran Xóchitl Bada, especialista en asuntos migratorios de la Universidad de Illinois en Chicago, ILL; Ma. Esther Barber, Presidenta, de la Asociación Cívica Mexicana de Indiana; Alejandra Castañeda, especialista en antropología de la migración, de San Diego, CA.; Rufino Domínguez, Coordinador General, Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), Fresno, CA.: Martín García, presidente y fundador de La Familia Hispana, Downey, CA.; Luis M. Pelayo, del Concilio Hispano, de Chicago, IL.; Raúl Ross, Director de la página electrónica Huellas Mexicanas, Chicago, IL; Miguel Moctezuma L., especialista en Estudios del Desarrollo y la Migración Internacional México-Estados Unidos, Universidad Autónoma de Zacatecas; Primitivo Rodríguez Oceguera, consultor en asuntos migratorios, México, DF; y Arturo Santamaría, especialista en sociología y política de la migración, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sin.


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