Luz de la calle, oscuridad en el sur

Por: Ángeles Mariscal, corresponsal.

Tapachula, Chis. Al menos el 50 por ciento de los migrantes centroamericanos que residen temporalmente en México, laboran en Chiapas, donde son un sustento de la economía agrícola regional, además de dedicarse a otras labores, entre ellas el servicio doméstico y sexual, dice un estudio de Martha Luz Rojas Wiesner, directora de Desarrollo Institucional del Colegio de la Frontera Sur.

En su trabajo sobre la integración laboral y social de los inmigrantes centroamericanos en la frontera sur, dado a conocer durante el Seminario Regional de Innovación, “Inmigración centroamericana en la Frontera Sur de México: desafíos y oportunidades”, realizado hace unos meses, Rojas Wiesner explicó que las condiciones en las que este sector vive y labora, son por demás precarias.

Carecen de contratos formales de trabajo, el pago por sus servicios son incluso menores a los que perciben los mexicanos, tienen largas jornadas de trabajo, no tienen accesos a los servicios de salud y educación, y sufren otro tipo de abusos como la retención de sus documentos migratorios y en algunos casos de su salario mismo.

Rojas Wiesner detalló que no existe un censo que permita saber el número de centroamericanos que laboran y viven en estas condiciones, porque la mayoría de ellos entraron al país de forma indocumentada, pero en el año 2000 –hace casi una década- había  23 mil 957 guatemaltecos y  5 mil 537 originarios de El Salvador, más del 50 por ciento asentados de forma semitemporal en Chiapas.

La especialista del Colegio de la Frontera Sur detalla que los factores que han propiciado el ingreso de migrantes laborales a México, se da en parte por la demanda de mano de obra, pero también por las condiciones económicas, crisis financieras y políticas, desastres naturales que afectan a sus países de origen.

Los hay quienes permanecen de forma más o menos duradera e incluso se han naturalizado mexicanos, y quienes vienen y se regresan a su país el mismo día, a la semana, al mes, a los 45 días, al fin de una cosecha, al año, o incluso dos o más años.

Los trabajadores temporales de larga tradición en la región son los que desde el siglo XIX llegaron para realizar las labores agrícolas, como la tapisca de café. En los últimos años diversificaron sus ocupaciones y ahora los hay carpinteros, albañiles, mecánicos, cargadores, trabajadoras del servicio doméstico y sexual, además de comerciantes formales e informales.

En su estudio Rojas Wiesner refiere que las condiciones de trabajo de estos grupos se han documentado, en parte por de las quejas de los abusos reportados y documentados por organizaciones de la sociedad civil, por instituciones gubernamentales y organismos internacionales.

“En un proporción significativa, las condiciones laborales para la mayor parte de los migrantes temporales son precarias: falta de contratos escritos, bajos niveles de remuneración, largas jornadas de trabajo y, sobre todo, negativa del pago de salarios. A esto se suman los casos de retención de los documentos migratorios, las malas condiciones de los lugares en que se hospedan mientras trabajan en México (sin servicios, poco ventilados), la falta de acceso a servicios de salud y, en el caso de las migrantes que vienen con hijos, la falta de acceso a servicios educativos y de salud”, detalla.

Un sector de alta vulnerabilidad, añade, es el de las mujeres, en su mayoría guatemaltecas, quienes tienen menores oportunidades de trabajo, y se emplean mayormente en el servicio doméstico y en el comercio sexual, en este último caso un gran porcentaje son víctimas de trata, retenidas en los lugares de trabajo en contra de su voluntad.

Igualmente, hay mujeres que trabajan por cuenta propia en el basurero municipal, reciclando basura para vender a pequeños negocios que acopian estos materiales. Estas mujeres trabajan en las peores condiciones laborales, por lo general con sus hijos, a quienes incluso amamantan en medio del hedor y la descomposición de toneladas de basura. En el caso más extremo se dedican a la mendicidad, refiere la investigadora.

Y por lo que toca a los hijos de lo migrantes documentados o indocumentados, la investigadora del Colegio de la Frontera Sur señala que durante su esta estancia en México, los niños no tienen acceso a la escuela, y aún cuando puedan ingresar, no pueden obtener un certificado que acredite la aprobación de los años escolares porque se requiere que los padres presenten documentos migratorios.

“La mayor parte de estos niños nacieron en México, pero no cuentan con un registro civil que certifique que son mexicanos”.

Rojas Wiesner señala que esta situación se da aun cuando México ha suscrito diversos instrumentos en materia de derechos humanos, en los que se obliga jurídicamente a la eliminación de formas de discriminación y a la protección de derechos, en general para todos los migrantes, pero algunos con énfasis en los casos de migración de mujeres y de niños, niñas y adolescentes.

“Si bien en los últimos años ha habido una respuesta del Estado mexicano, no se han emprendido esfuerzos específicos para formular una política migratoria que contemple las distintas modalidades de la migración. Esa situación plantea un tipo distinto de exigencias, demandas, necesidades y respuestas, que deben estar contempladas en una política migratoria integral, coherente y articulada que, hasta ahora, no se tiene en México”, sostiene la especialista.