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Dislocados

Última modificación 07/07/2008 21:04
por Armando Bartra

Los trasterrados en Estados Unidos envían 9 mil 300 millones de dólares anuales, casi lo mismo que importamos de ese país en alimentos. Los mismos alimentos que los migrantes campesinos podrían haber cultivado aquí. Pero para eso necesitamos políticas industriales y agrícolas orientadas a la defensa y ampliación de la planta productiva y de los cultivos de interés nacional. Debemos restablecer la seguridad alimentaria, respaldando a la producción campesina y fortaleciendo el mercado interno. Nos hace falta restaurar la seguridad laboral, defendiendo y ampliando la planta fabril y la actividad agropecuaria y mediante la integración de cadenas que potencien nuestras complementariedades productivas. Sólo entonces, las remesas que sigan llegando podrán incorporarse productivamente al desarrollo. Sólo entonces, la migración dejará de ser condena para devenir intercambio enriquecedor

Por: Armando Bartra

Ilustración: Rosario Mateo C.LOS PERSONEROS de la civilización occidental colonizaron el planeta moviéndose de norte a sur. Como buscando el calor, partieron de países fríos y densamente poblados hacia territorios tropicales de tenue demografía y vertiginosas riquezas naturales. Hoy los vientos han cambiado. El capital, las órdenes y las bombas estúpidas siguen llegando del septentrión, pero las muchedumbres del éxodo marchan hacia el frío, fluyen a contrapelo en una incontenible mundialización plebeya.

Los imperios avanzan de las metrópolis a las colonias y en su curso depredador saquean, arrasan, someten, humillan. Pero los expoliados y escarnecidos, quienes eran el centro de sus mundos y amanecieron en las inhóspitas orillas de un mundo ajeno, se enconchan y resisten. Hasta que un buen día echan los sueños al morral y emprenden la marcha rumbo al centro, rumbo al erizado corazón de las tinieblas.

Porque en el reino del gran dinero la riqueza total engendra pobreza total; omnipotentes y desvalidos navegando en la red; lujo y carencia extremos frente una misma pantalla de televisión; hambre terminal y hartazgo desmedido compartiendo el excusado en la casa transparente de la globalidad. Y el centro envejece mientras que los márgenes rebosan adolescentes a la intemperie. Entonces el nuevo éxodo es un arponazo de sangre joven a las metrópolis decrépitas: imperiosa necesidad e indeseable dependencia.

En el cruce de milenios los surianos y orientales errantes asedian las fortalezas primermundistas y toman por asalto las ciudades. La barbarie orillera irrumpe en los malls de la civilización. Y esta implosión no es sólo andrajoso gentío en movimiento, es también invasión cultural y cerco político; exportación de ritmos, atuendos, sabores, utopías; sacudimiento de imaginarios colectivos. Es una “revolución centrípeta”.

Y va para largo. Según la Organización Mundial del Trabajo, el desempleo creciente es el mayor drama humano del planeta, y en la depresión del arranque del siglo perdieron su trabajo unas 24 millones de personas. Pero esto no es nada: en la próxima década se sumarán al mercado laboral 500 millones de nuevos solicitantes –principalmente en los países periféricos–, mientras que, si bien nos va, se crearán unos 100 millones de empleos. Entonces, la migración no es un epifenómeno del mercado que sirve para redistribuir racionalmente la oferta de fuerza de trabajo en función de la demanda; el éxodo es un derivado de la exclusión económica, política y social, por el que la pobreza y la desesperanza se dispersan por todo el planeta.

En el continente americano el desbalance entre el norte y el sur genera flujos migratorios desordenados e incontrolables. Exodos que lejos de restablecer el equilibrio, dislocan al continente y pueden conducir a una verdadera crisis civilizatoria. Hace un siglo, la población americana se agolpaba en Estados Unidos, donde vivían 100 millones, mientras que en los países latinos del continente habitaban sólo 80. En menos de 100 años la distribución se invirtió: hoy Estados Unidos tiene 260 millones de habitantes, mientras que en América Latina se apretujan 500 millones. Y los del denso y amargo sur se mueven inconteniblemente hacia el norte en un peregrinar doloroso, incierto y lleno de acechanzas.

Liberar al capital, penar
al trabajo

Al tiempo que se desmantelan las barreras arancelarias para facilitar el paso a bienes, servicios, energía, inversiones, información y patentes, crecen y se erizan los muros erigidos para cortarle el paso al éxodo. Mientras que se liberalizan los flujos del capital se penaliza la circulación de los migrantes de a pie, criminalizando su acceso a los mercados de trabajo primermundistas.

Que se vale torcerle la “mano invisible” al mercado cuando así conviene al capital, se evidencia en los debates sobre cómo “regular” la migración, y sobre todo en las prácticas de cierre de fronteras y de contención policiaca, acciones que no impiden el ingreso de migrantes pero sí ilegalizan su estancia y devalúan su trabajo.

De esta manera, los millones de indocumentados en Estados Unidos constituyen un minusválido ejército de mano de obra, disminuido en sus salarios, condiciones de trabajo, derechos sindicales y prestaciones sociales. Una capacidad laboral barata y desprotegida, que, por si fuera poco, está dispuesta a aceptar los peores empleos y trabaja voluntariamente hasta el límite de sus fuerzas con tal de responderle económicamente a los que se quedaron y realizar el “sueño americano”.

La Carta de Intención firmada por los presidentes Jean Chrétien, George W. Bush y Vicente Fox, en la Cumbre de las Américas, realizada en Québec en abril de 2001, es reveladora del trato diferenciado que se da al flujo de trabajadores y al de otras “mercancías”. Por una parte, se manifestó la voluntad de norteamericanizar los mercados de energía, lo que pondría los hidrocarburos mexicanos a disposición de la Reserva Estratégica de Estados Unidos. Por otra parte, México y Estados Unidos convinieron en impulsar un Programa de Trabajadores Huéspedes. Lejos de la amnistía que se había demandado, el plan tenía el problema de que al acogerse a convenios de estancia temporal, los residentes indocumentados se pondrían en manos de las autoridades que podrían repatriarlos, pero con todo era un avance. Sin embargo, mientras que en el ámbito de la energía los intentos de los estadunidenses por acceder a nuestras reservas petroleras siguen avanzando por debajo de la mesa, el acuerdo laboral permanece congelado.

La mataza de las Torres Gemelas testimonia que la venganza de los débiles puede ser cruel e inhumana. Pero dramatiza, asimismo, que en este mundo globalizado nadie está a salvo, y que los airados vendavales que desata la prepotencia del imperio no soplan sólo en el Medio Oriente, sacuden también la “Gran Manzana” y agitan ominosos las cortinas de todos los hogares. De todos sin excepción.

Para algunos fue una señal de que había que trabajar por una justicia planetaria. Para otros fue un llamado a reforzar las murallas y organizar sangrientas incursiones extramuros. El síndrome del Fuerte Apache hizo presa del gobierno de Estados Unidos, y sus llamados a la guerra santa cayeron en el terreno abonado por la paranoia post 9–11. Y así, los muertos de Manhattan siguen muriendo en Afganistán, en Israel, en Palestina, en Irak. Pero también en las orillas del Río Bravo y hasta en las del Suchiate, porque cuando proyectamos en “el otro” nuestras culpas y temores, el migrante de a pie, el “alien” por excelencia, es la primera víctima.

La confianza de Fox en la llamada “nueva relación” México–Estados Unidos se derrumbó como el World Trade Center. Y en vez del acuerdo laboral anunciado, lo que se intensificó fue la colaboración de México en el sellamiento de la frontera norteamericana. El Plan Sur, en la frontera con Guatemala, y el Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza, en la frontera con Estados Unidos, transformaron en un infierno el purgatorio que ya eran para los migrantes las líneas divisorias.

Transformado en Cancerbero del imperio, el gobierno de Fox abandonó a su suerte a los indocumentados que ya están en el gabacho, y dificultó aún más las cosas para los que pretenden entrar, sean estos mexicanos o extranjeros en tránsito. El problema es que lejos de atenuarse, en el sur la compulsión peregrina se incrementa. Y así, como no tiene un acuerdo para el trabajo migratorio, el gobierno tampoco tiene una política para generar el empleo que el país necesita.

Un país pata de perro

Ilustración: Rosario Mateo C.Una economía donde la producción per capita está estancada desde hace tres lustros. Una industria que en menos de 10 años vio desaparecer, barridas por la apertura comercial, a las pequeñas y medianas empresas, y cuyo dinamismo se concentraba en el sector exportador –en particular las plantas de montaje– hasta que a fines de 2001 comenzaron a cerrarse maquiladoras y se perdieron 300 mil empleos en un año, no sólo por la recesión estadunidense sino también porque en Centroamérica y en China los trabajadores son más baratos. Una agricultura devastada, donde sólo progresa un pequeño sector exportador, mientras que la producción de mercado interno, y en particular la de granos básicos, vive una prolongada crisis de rentabilidad; desastre que comparte con cultivos de exportación como el café, arruinado por la baja de precios, y la caña de azúcar acorralada por los edulcorantes de alta fructuosa. Un país que durante la segunda mitad de los noventa creaba menos de 400 mil empleos anuales, mientras que cada año entraban al mercado un millón 100 mil nuevos trabajadores potenciales; rezago abrumador que se agudizó en los dos últimos años, pues en 2001 se perdieron plazas y en 2002, si bien nos va, se crearán 200 mil. Una patria esquiva donde los jóvenes urbanos no tienen más destino que el trabajo informal parasitario o la maquila negrera y los rurales pueden optar entre el jornaleo itinerante en los circuitos agrícolas del noroeste y el cultivo de amapola o marihuana.

Un país así: con el presente quebrado y un severo déficit de futuro, es por fuerza una nación en tránsito. Una patria peregrina y trasterrada.

Los mexicanos que dispersó la crisis salen de todas partes pero marchan rumbo al norte: a los cultivos irrigados de Sonora, Sinaloa y Baja California, pero también del campo a la ciudad, de la milpa al camellón, del hambre rural a la penuria urbana. Y, de ser posible, de mexiquito al gabacho. Pues cuando se tienen 3 mil kilómetros de frontera con la Tierra Prometida no hay Línea Maginot que valga: por más que las migras se pongan pesadas, los trashumantes “dan portazo” con tal de entrar al gran show del “sueño americano”.

México es un país de jóvenes donde todos los días 3 mil chavos se incorporan al mercado laboral. Los más en vano, pues en los últimos años de los noventa se creaban menos de mil empleos diarios, de modo que dos de cada tres solicitantes se quedaban con las ganas o se sumaban al trabajo informal. Además, el salario mínimo, que gana el 8% de la población económicamente activa, perdió casi el 80% de su valor en el último cuarto de siglo, y el 70% de los empleados recibe menos de cinco salarios mínimos, apenas para la canasta básica.

Y si cada día más de 2 mil nuevos solicitantes de empleo no encuentran trabajo formal, no debería extrañarnos que también todos los días entre mil y mil 500 mexicanos se vayan a Estados Unidos. Y hablo sólo de la tercera parte que logra pasar y quedarse ahí, y no de los millones de deportados y los centenares de muertos en el intento. Para crear los empleos formales necesarios, necesitaríamos crecer a una tasa sostenida del 10% anual. Y aún entonces la abismal diferencia en los ingresos seguiría induciendo la migración.

Somos una nación en tránsito, los campeones mundiales del éxodo, ningún país se vacía tan rápido como el nuestro. Las cifras más recientes del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos indican que México es el principal origen de los nuevos migrantes legales, con 206 mil para el año fiscal de 2001. Y a esto hay que agregar los indocumentados. Así, viven del otro lado de la frontera más de 20 millones de mexicanos, de los cuales alrededor de la mitad nació en México, y poco menos de la mitad de esa mitad son indocumentados.

Con una población trasterrada equivalente al 20% de los que habitan en el país, México es un pueblo binacional. Pero la simbiosis con el vecino del norte no está sólo en el trasbalse demográfico, se expresa también en sustantivos y crecientes flujos económicos. Las remesas, el dinero que los migrados envían de regreso a su país, alcanzaron los 9 mil 300 millones de dólares el año pasado –según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)–, tres veces el valor de las exportaciones agrícolas, 50% más que lo que aporta el turismo, casi tanto como lo que ingresa el petróleo o las inversiones extranjeras directas, muy por arriba de lo que se gasta en programas rurales como Alianza para el Campo y Procampo más los costos de operación de la Sagarpa. Dependen directamente de las remesas un millón 300 mil hogares, casi 7 millones de personas, el 7% de nuestra población. Cantidad que se duplicó en los últimos nueve años. Y para más de medio millón de familias los envíos son la única fuente de ingresos.

También ahí somos campeones. De los 23 mil millones de dólares que, según el BID, reciben América Latina y El Caribe por concepto de remesas, a México le corresponde alrededor del 40%, muy lejos está Brasil con 2 mil 600 millones y El Salvador con mil 972 millones. Y, según el Banco Mundial, en perspectiva planetaria sólo estamos atrás de la India.

TLCAN ¿remedio o enfermedad?

Migrantes siempre hubo, pero ahora son legión. Avalancha que coincide con los tres lustros del “ajuste estructural” y con el arranque del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994. Las políticas públicas que debían llevar el país al primer mundo, lo que hicieron fue llevarse a los mexicanos al gabacho. Los acuerdos internacionales que debían sacarnos del subdesarrollo, nos hundieron en la crisis y el éxodo.

Paradójicamente el TLCAN apenas incluye consideraciones migratorias, ausencia tras la que subyace la discriminación de la “mercancía humana”; pero también la hipótesis de que la liberalización comercial dinamizaría la economía mexicana y generaría empleo, lo que reduciría la migración, mejorando las condiciones y salarios en los mercados laborales de destino.

La peregrina hipótesis tiene historia: en 1986, al aprobar el Acta de Reforma y Control de la Inmigración –conocida como Ley Simpson–Rodino– el Congreso estadunidense creó también la Comisión para el Estudio de la Migración Internacional y el Desarrollo Económico Cooperativo, que en consulta con México y otros países, debía analizar las causas y remedios del problema. La Comisión concluyó que si bien al crear capacidades, recursos y expectativas, el desarrollo propicia transitoriamente la migración, el crecimiento económico y la creación de empleos es la “solución última para la reducción de estas presiones migratorias”. Y si la llave mágica del crecimiento es la liberación del comercio y la desregulación de la economía, el TLCAN debía ser el remedio definitivo para la migración mexicana.

Pero la medicina resulto peor que la enfermedad. La liberalización del comercio, en condiciones de severa asimetría socioeconómica, ocasionó la destrucción de la economía más débil, causando mortandad en la pequeña y mediana industria –que alimenta el mercado interno y genera empleo– y arrasando con la agricultura campesina –que sustenta a casi un cuarto de la población–, y en particular con los productores de granos básicos de los que depende nuestra seguridad alimentaria. Y el desmantelamiento generalizado de la base productiva generó éxodos multitudinarios, crecientes e incontrolables.

Migración relativa
y migración absoluta

Ilustración: Rosario Mateo C.Podría pensarse que a la migración la mueve el atractivo del Norte más que la repulsión del Sur, y que a mayor “desarrollo del subdesarrollo”, mayores expectativas, capacidades y recursos habrá en la periferia para una migración exitosa rumbo al centro.

Puede ser. Pero no es el caso del éxodo mexicano reciente. La hipótesis puede explicar algunas situaciones específicas, pero no describe adecuadamente la catástrofe migratoria de los últimos 10 años, período en que vivimos un enorme dislocamiento poblacional, una diáspora masiva e irrefrenable, jalada por las expectativas, pero sobre todo empujada por la desesperanza.

Porque hay migraciones y migraciones. El peregrinar transfronterizo más que centenario que se origina en Jalisco, Michoacán o Zacatecas es un fenómeno histórico, asentado y normalizado. Otra cosa es el inédito éxodo remoto proveniente de los estados del sur y sureste del país, población con frecuencia indígena que antes migraba estacionalmente a las costas o al noroeste mexicano, mientras que en las dos últimas décadas se aventura cada vez más a Estados Unidos, y por las mismas dificultades del cruce tiende a quedarse allá.

Alimentado por el desmantelamiento de la agricultura que ocasionaron las políticas de ajuste estructural y la apertura indiscriminada del comercio, este trasbalse del México profundo se engrosa con la trashumancia centroamericana, disparada en los ochenta por las guerras civiles y los desastres naturales, pero también por la llamada Agricultura de Cambio, que sacrificó la seguridad alimentaria y laboral del istmo en nombre de una agroexportación neobananera. Y mientras el flujo permanente que sigue saliendo de las viejas regiones de expulsión se encamina cada vez más a la industria y los servicios de las ciudades, el destino de los neomigrantes del remoto sur es casi siempre el campo. Así, ocho de cada 10 trabajadores agrícolas de Estados Unidos son mexicanos, y entre ellos los de origen indígena comienzan a ser mayoría.

La trashumancia motivada por expectativas razonables y bien planeada, es la crema de la migración: la que viaja en primera o cuando menos compra boleto. Detrás de ella está el peregrinar más desprotegido y angustiado: los que no tienen ni para el pollero; los que van a pie o arriesgando la vida en los trenes cargueros; los que no logran pasar y se atascan de este lado en la maquila o los oficios precarios; los que por el momento se quedan a romperse el lomo en las pizcas del noroeste mexicano; los que mueren en el camino: de calor o de frío, ahogados o de sed, de tren, de cuchillo o de bala; los que caen en manos de la migra, de la Mara o de los Rangers; aquellos y aquellas a los que atrapa la prostitución en los sórdidos burdeles de Tecun Human, en los bares de Tapachula o en los teibols de Tijuana. Este es el éxodo profundo. Por cada Rey del Tomate hay 100 mil trasterrados a raiz.

El derecho de no migrar

Los viajes ilustran. Pero cuando la migración no es movimiento progresivo, sino resultado de una catástrofe social, no es posible normalizarla ni dignificarla. Se pueden atenuar los dolores, pero el remedio de fondo está en otra parte, en atacar las causas de la expulsión y no sólo los efectos.

Con ser importantísima, la cuestión de los derechos de los migrantes no es radical. Y no lo es pues no va a la raíz: una desbandada poblacional que se origina en la destrucción de la economía de las sociedades periféricas. Naciones que en la nueva globalización han perdido lo que les quedaba de seguridad alimentaria y de seguridad laboral. Países incapaces de garantizar a su población lo mínimo: comida y empleo. Estados que dependen de importaciones masivas de granos básicos y, en la de malas, de la ayuda alimentaria. Gobiernos que a falta de otra cosa exportan a sus ciudadanos y cuyas divisas provienen principalmente de las remesas de los expatriados.

El libre mercado no procura comida y empleo. Si queremos seguridad alimentaria y seguridad laboral, necesitamos acciones de gobierno comprometidas con el bien social. Y para tener estas políticas públicas necesitamos soberanía: soberanía alimentaria y soberanía laboral. Entendemos por soberanía alimentaria la capacidad estatal de fomentar la producción sostenible de granos y otros cultivos básicos, al tiempo que se genera el ingreso necesario para que su población pueda acceder a dichos bienes. Entendemos por soberanía laboral la capacidad que tiene un Estado de fomentar la creación de empleo digno y suficiente, que ofrezca estabilidad y futuro al conjunto de su población.

La “solución” policiaca: la nueva Línea Maginot

El éxodo compulsivo y absoluto, producto de la desintegración de las sociedades expulsoras, no se puede controlar con el uso de la fuerza. Es posible, sí, elevar la cuota de sufrimiento y de sangre que pagan los migrantes, pero no ordenar y menos interrumpir un tránsito humano que responde a causas profundas.

Desde el Plan de Contingencia para Intensificar la Frontera Sur, formulado en 1989 como respuesta a la Crisis de los Centroamericanos, pasando por las leyes migratorias y contra el terrorismo de 1996, impuestas desde esa fecha a otros países a través de la Conferencia Regional de Migración, Estados Unidos ha buscado que otros contengan el flujo antes de que llegue a sus fronteras.

Con el Plan de Acción para la Cooperación sobre la Seguridad Fronteriza, en el norte, y el Plan Sur, en la frontera con Guatemala, México ha intensificado la persecución policiaca y militar de indocumentados, en una represión que en la práctica se extiende a los propios compatriotas.

Penalizar la trashumancia económica significa criminalizar el mercado de trabajo al que concurren los indocumentados, constriñendo con esto sus salarios y derechos, lo que es un buen negocio para los contratadores. Pero también para otros es un gran negocio, pues de la ilegalidad de la migración nacen las redes delincuenciales que organizan el tránsito clandestino y lucran con la penuria de los peregrinos. Se equivoca el Plan de Contingencia de 1989 cuando afirma que “... los contrabandistas y facilitadores fraudulentos... alientan la emigración ilegal a Estados Unidos”, es exactamente a la inversa: la ilegalización de una migración socialmente motivada alienta la aparición de contrabandistas.

La “solución” neocolonial: el Plan Puebla–Panamá

Si la migración no puede pararse con “fronteras inteligentes”, tampoco puede atajarse con barreras socioeconómicas, como los enclaves de desarrollo extrovertido que pretende crear el Plan Puebla–Panamá.

Los llamados Centros de Integración Rural, y con ellos los interoceánicos corredores comerciales y de servicios, los parques industriales de maquila, los “desarrollos” turísticos caribeños de cinco estrellas, las vertiginosas plantaciones de celulósicas o huleras y las faraónicas obras de infraestructura propiciatorias de tales inversiones, son ante todo una oportunidad de hacer negocios, que el gobierno de México y sus socios de Centroamérica le ofrecen al gran capital; junto con mano de obra barata, leyes laborales y ambientales laxas, desregulación, exenciones fiscales, seguridad jurídica y otros arrumacos. Pero sus adalides prometen también un sustantivo efecto colateral: deben ser “...espacios de atracción para contener el proceso de migración”.

De hecho, estas franjas transversales de múltiple propósito ya existen, pero no son clusters o land bridges, ordenados y eficientes, donde además de fluir energéticos y mercancías los mesoamericanos encontrarían empleo en la industria y los servicios. Son en realidad estaciones de tránsito donde las plantas de montaje negreras se combinan con los bares, los burdeles y los “picaderos”.

La “solución” autogenerada: las remesas

Los 9 mil 300 millones de dólares anuales que los migrados envían de regreso son muchos dólares, y algunos piensan que en esta expresión del problema migratorio está también el remedio. Porque bien utilizadas –dicen–, las remesas podrían generar desarrollo en las regiones de expulsión, reduciendo la urgencia peregrina de sus habitantes.

A esta lógica responden programas como el Tres por Uno y Mi Comunidad, de Guanajuato, que buscan canalizar los envíos a inversiones de mayor impacto, sumando a ellas recursos fiscales, tanto de la federación, como del gobierno estatal y de los municipios. Acciones plausibles, pero poco significativas, pues a ellas se canalizan ahorros y remesas colectivas –una pequeña parte de los envíos–, mientras que la porción mayor corresponde a remesas familiares destinadas al consumo cotidiano y la adquisición de algunos bienes duraderos.

Y es que las remesas son básicamente salario, y su vocación natural está en garantizar la subsistencia de la familia y, de ser posible, ampliar su patrimonio y elevar su calidad de vida y su estatus. En muchas ocasiones, cuando las sociedades de origen son altamente cohesivas, los envíos de los migrantes, habitualmente asociados en clubes y federaciones, son recibidos a su vez por asociaciones y se emplean en obras de beneficio comunitario. Hay casos también –excepcionales– donde lo que ingresa son las ganancias de algunos clubes empresariales que pretenden repetir en su país de origen el éxito en los negocios que tuvieron en Estados Unidos.

Pero, aún con disposición a emplear productivamente parte del dinero de las remesas, el problema está en encontrar proyectos viables en los lugares de origen. Regiones que son expulsoras, no tanto por falta de inversiones, como porque las condiciones de la economía no generan nuevas oportunidades productivas y desalientan las que ya existían. Es dudoso que gracias a la inversión productiva de las remesas se pueda inducir el desarrollo económico cuya ausencia provocó la migración, cuando lo que impide transformar el pequeño ahorro en capital es el modelo económico, y las omisiones de un gobierno fiel al apotegma serrapuchesco de que la mejor política industrial (o agrícola) es no tener política industrial (o agrícola).

Un mal negocio

Ilustración: Rosario Mateo C.El caso de las remesas mexicanas es excepcional, no sólo por el monto, sino también porque nuestra población trasterrada mantiene una relación muy cercana, estable y duradera con su país de origen. Los 3 mil kilómetros de frontera con Estados Unidos pueden ser una maldición, pero sustentan una colindancia que en el caso de las entidades norteñas es íntima vecindad.

Pese a su progresivo endurecimiento, 300 millones de cruces anuales hacen de la línea divisoria México–Estados Unidos la frontera más transitada del mundo. Así, para los compatriotas del norte, y cada vez más para los neomigrantes del sur, salir del país estacionalmente, por varios años o para siempre, no significa renunciar a la identidad fundacional. Entre los pueblos de origen y sus sucursales en el gabacho, se establecen intensos y persistentes flujos de personas, cultura y dinero, generalizándose la multiculturalidad y biterritorialidad en comunidades fragmentadas y territorialmente discontinuas pero fuertemente cohesivas.

Así, por su número, fuerte identidad y organización, los mexicanos son los migrantes más visibles y, en cierto modo, más atendidos. Pero además son excepcionalmente persistentes y aferrados, y tardan más que otros en solicitar su nacionalidad estadunidense.

Aunque intenso y duradero, el nexo entre quedados y migrados es diverso, cambiante y en algunos aspectos transitorio. Las redes de protección que permiten a los recién llegados insertarse en la sociedad y la economía del país adoptivo, son de larga duración; como lo es el sentimiento de pertenencia a la cultura de origen. No lo son en cambio las remesas.

Sin duda, en los últimos tres lustros los envíos han aumentado consistentemente, porque también lo ha hecho la migración. Pero si revisamos su evolución por familia, veremos que el flujo económico difícilmente se mantiene por más de una generación: los 20 años necesarios para que el migrado pase de mexicano en los Estados Unidos a mexiconorteamericano asumido. Pero también se registran cambios en lapsos más cortos: en los primeros meses y hasta años, el recién llegado envía de regreso el mayor porcentaje posible de su ingreso, pues quizá no piensa quedarse o no sabe si logrará permanecer. Pero, al estabilizarse, el migrante deviene migrado y disminuye el porcentaje de su ingreso que destina a las remesas. Envíos que sin embargo pueden ser de montos iguales o superiores a los primeros, porque ahora su salario es mayor. Además, su estrategia ha cambiado: ya no prepara las condiciones para el regreso planeado o impuesto, ahora mandar dinero al terruño y seguir ayudando a los parientes es una suerte de lujo. Y también una inversión en prestigio y estatus.

De ser cierta la tendencia menguante de los envíos per cápita, y dado que el crecimiento de la migración al ritmo de los años recientes no es previsible ni deseable, habrá que reconocer que el de las remesas es un flujo monetario insostenible en sus volúmenes actuales, y en el que no puede sustentarse la economía: ni la local, ni la regional ni la nacional. Además, las remesas no son un ingreso neto, pues, a cambio de lo que entra, salen del país trabajadores adultos y laboralmente formados, en los que la sociedad mexicana invirtió, de modo que los envíos pueden verse como la reposición de este gasto.

En la teoría económica que place a nuestros tecnócratas, exportar compatriotas es un negocio redondo, pues al no haber demanda para ellos en el mercado local tienen un costo marginal de cero y todo lo que envíen es utilidad. En esta lógica, los migrantes son redundantes, excedentes, mexicanos que están de más, y lo que nos den por ellos es bueno.

En realidad la migración es un mal negocio para la sociedad mexicana y uno bueno para la economía estadunidense, que recibe fuerza de trabajo ya formada, ubicable en nichos de ingreso/esfuerzo sustancialmente más bajos que los de los anglos y a la que, cuando es indocumentada, se le puede escatimar la parte indirecta o social del salario. Adicionalmente, es una oferta de trabajo que, mediante acuerdos y medidas político–administrativas, puede adaptarse a los fluctuantes requerimientos laborales de la economía estadunidense. Una ganga.

Pero, para el país y las entidades federativas más expulsoras es inadmisible apostar a los envíos como inyección permanente de recursos que supla la ausencia de políticas de desarrollo. Como es inaceptable la manipulación política que algunos gobiernos estatales hacen, tanto de los migrantes organizados como de sus envíos. En cambio, es sensato y pertinente que los clubes financien obras de beneficio social y traten de encontrar negocios viables. Y también que las familias amenazadas por el fracaso o desapego de sus parientes trasterrados, busquen garantizar su subsistencia futura invirtiendo productivamente algo de las remesas. Sin una adecuada política de fomento no habrá oportunidades de inversión sostenible en la escala que hace falta, pero aún así es necesario impulsar en lo posible la capitalización de los envíos, siquiera como atenuante del sufrimiento social. Como es absolutamente indispensable cambiar el actual sistema de transferencia, que permite e los intermediarios lucrar desmedidamente, y también racionalizar, el manejo –productivo o no– de las remesas, mediante sistemas financieros locales operados por los propios receptores.

Soberanía laboral

El éxodo masivo y creciente de mexicanos que buscan en el norte un futuro del que carecen aquí, es el saldo más lacerante de la vía de desarrollo adoptada desde los ochenta. Un modelo que nos llevó de la explotación a la exclusión; de un sistema injusto de fortunas ofensivas y trabajadores empobrecidos, a un sistema inicuo de fortunas ofensivas, trabajadores empobrecidos y ejércitos de desempleados. La diáspora que nos aqueja no se inscribe en una presunta mundialización racional de los mercados de trabajo, sino en la globalización excluyente. Y no es una migración que pueda contenerse con métodos represivos, que pueda atajarse neocolonizando el sur, o que pueda atenuarse significativamente capitalizando las remesas, como no la hará remitir el TLCAN, ni el presunto ALCA.

Es necesario tratar de amortiguar el dolor social que causa la diáspora, apoyando a los migrantes organizados que reivindican su dignidad y defienden sus derechos. Pero es necesario también defender el derecho de los hombres del Sur a permanecer en su tierra, si así lo desean.

“Sería desastroso para nuestra economía nacional el reconocimiento, como sistema aceptado, del precedente de facilitar la salida de nuestros mejores elementos de trabajo cuando encuentran demanda en el extranjero, y a la inversa, recibir forzadamente tales contingentes de trabajo cuando ya no son necesarios en el extranjero y nosotros tampoco estamos económicamente en condiciones de recibirlos”. Estas sensatas palabras las dijo el secretario de Relaciones Exteriores. No fue el actual secretario Jorge Castañeda, sino don Manuel Téllez, quien ocupó el cargo durante la presidencia del general Plutarco Elías Calles. Y es que en los nacionalistas años treinta se podía apelar a la soberanía laboral para evitar crisis de empleo. Hoy, parece que no.

Y, sin embargo, hoy más que nunca es necesario reivindicar el derecho de los mexicanos al trabajo, exigiendo programas de fomento y defensa del empleo que garanticen la seguridad laboral del país. Pero esto no es posible sin ejercer la soberanía. No sucederá si el Estado mexicano no asume su derecho soberano –y su obligación constitucional– de imprimirle a la economía el curso que demanda el bienestar de los ciudadanos; si los funcionarios públicos no entienden que su tarea es hacer económicamente posible lo que es socialmente necesario y no a la inversa.

Los trasterrados en Estados Unidos envían 9 mil 300 millones de dólares anuales, casi lo mismo que importamos de ese país en alimentos. Los mismos alimentos que los migrantes campesinos podrían haber cultivado aquí. Pero para eso necesitamos políticas industriales y agrícolas orientadas a la defensa y ampliación de la planta productiva y de los cultivos de interés nacional. Debemos restablecer la seguridad alimentaria, respaldando a la pequeña y mediana producción campesina y fortaleciendo el mercado interno, tanto nacional como regional y local. Nos hace falta restaurar la seguridad laboral, defendiendo y ampliando la planta fabril y la actividad agropecuaria y mediante la integración de cadenas que potencien nuestras complementariedades productivas.

Entonces, y solo entonces, las remesas que sigan llegando podrán incorporarse productivamente al desarrollo. Entonces, y sólo entonces, la migración dejará de ser condena para devenir intercambio enriquecedor.
 

Este artículo fue presentado en el Seminario “Remesas y desarrollo”, organizado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Chicago, que se llevó a cabo los pasados 26 y 27 de septiembre.
 


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